Al día de la fecha, la suerte corrida por la Bonificación de Fin de Año que percibimos los trabajadores de buena parte de la Administración Pública Nacional resulta un enigma preocupante. El silencio de las autoridades no parece la mejor señal a la hora de hacer pronósticos.
Esta bonificación se venía cobrando en nuestra jursidicción desde hace quince años, con una sola excepción: el doloroso fin de año del 2001. Cuando desde el discurso oficial se remarcan los cambios socio-económicos operados en la última década, resulta al menos paradójica la coincidencia.
Sería injusto forzar un paralelismo con aquel momento que esperamos nunca se repita, pero son preocupantes algunos datos de la realidad política: la creciente criminalización de la protesta social (en cuyo contexto podría enmarcarse el proyecto de modificación de la llamada Ley Antiterrorista, con sus peligrosas ambigüedades), el intento de disciplinamiento de las organizaciones sindicales y el "avance" sobre el bolsillo de los trabajadores, entre otros.
Ratificamos nuestro compromiso con la dignidad del trabajo y en contra de toda forma de precarización laboral. El Estado debe dar el ejemplo en la lucha contra este flagelo, cumpliendo las promesas de pase a Planta Permanente de los trabajadores estatales y absteniéndose de tomar medidas que afecten sus legítimos derechos e intereses.
La Bonificación de Fin de Año no debe ser entendida como una dádiva que se concede o no por gracia de los funcionarios y a su exclusivo arbitrio.
ES NUESTRO DERECHO
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